Desde la llegada de David Vilas Álvarez al cargo se ha descartado en dos ocasiones un acuerdo con el empresario Alberto González Amador. Los letrados públicos esperan a que la juez resuelva sobre la anpliación de delitos instada por el PSOE.

Ni la Fiscalía, ni los investigados, ni la Abogacía del Estado, como representante de la Agencia Tributaria (AEAT) consideran necesario seguir investigando al novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa penal por un presunto delito tributario que pesa sobre él.

Sin embargo, pese a que el Ministerio Público y el abogado del empresario Alberto González Amador impulsaron, durante el pasado mes de junio, una conformidad pactada para poner fin al procedimiento penal –por segunda vez, tras la llegada del nuevo abogado general del Estado– los letrados públicos se han negado a aceptar un cierre que, incluso, llegó a traducirse en un texto consensuado, antes de las declaraciones previstas para el día 24 del mes pasado que no llegaron a celebrarse.

Cabe recordar que el lunes 24 de junio, una hora antes de las declaraciones, la acusación popular del PSOE neutralizó el acuerdo del qu indican, fuentes próximas a la causa, que estaba informado por el Ministerio Fiscal, como requisito para cerrar el procedimiento instructor.

Según ha podido adelantar El Debate, la respuesta consignada por la Abogacía, la semana pasada, en el día límite del plazo habilitado por la jueza para hacerlo, a la petición socialista de ampliar la causa a supuestos delitos adicionales que podrían salpicar la gestión de las empresas de González Amador, ha resultado definitiva para la decisión institucional.

Para ello, los abogados de la formación madrileña presentaron un escrito, en esa misma mañana y una hora antes de las declaraciones, con el objetivo de que se suspendieran las comparecencias y se valoraran nuevos hechos y nuevos delitos, como el de administración desleal, prolongando la instrucción que estaba previsto que ya terminase en esa ocasión.

Así las cosas, la Juez, asegurándose de que las declaraciones no se produjeran con un objeto indeterminado, se vio obligada a suspenderlas y dar traslado a las partes de la petición del PSOE, para que pudieran manifestarse al respecto de lo que considerasen, antes de retomarlas.

El Ministerio Fiscal y los investigados respondieron de inmediato que las pretensiones por las que tanto el PSOE como Mas Madrid habían logrado suspender las declaraciones y dilatar el proceso carecían de sentido alguno, y que procedía continuar con el mismo, de acuerdo con el objeto contenido en la denuncia que lo inició y la inmediata declaración de los investigados.

Sin embargo, coincidiendo con el nombramiento del nuevo Abogado General del Estado, David Vilas Álvarez, el martes 18 de junio, la posición de la Abogacía del Estado se adaptaba a las peticiones formuladas por el PSOE, como acusación popular, y cerraba la puerta a una inmediata conformidad, hasta el punto de comprometer, presuntamente, los intereses de su propio cliente, la AEAT.

Cuatro semanas para seis foliosPara empezar y para completar las actuaciones procesales, la Abogacía del Estado consignaba un escrito de respuesta de 6 folios, y más de cuatro semanas de trabajo, a la ampliación del PSOE. Haciendo imposible, con ello, que las declaraciones suspendidas y la conformidad con los términos propuestos por la AEAT pudieran reanudarse y cerrarse en este mismo mes de julio.

Una respuesta tardía firmada, en este caso, por el abogado del Estado Julián Martínez-Simancas, quien fuera sustituido por la actual encargada principal de la causa, Zaida Fernández, en la que se señala que, sin bien no procede practicar más diligencias, tampoco «puede sacarse una conclusión definitiva de estas diligencias previas», que aconseje alcanzar la conformidad, hasta que la Audiencia Provincial (ante futuros y eventuales recursos) descarte la hipótesis del PSOE.

En concreto, la tesis socialista pasaría porque que los ingresos por los que debería haber tributado el novio de Díaz Ayuso procederían de un supuesto «delito de administración desleal cuyo perjudicado» sería, en dicho caso Quirón Prevención.

Un escenario que implicaría, como recoge el abogado público en su escrito que los mismos no podrían tributar ya que, de acuerdo con la doctrina Urralburu, no cabe la tributación de ingresos delictivos. Y, por tanto, no existiría infracción alguna ya que no debería producirse ingreso alguno en favor de la AEAT y, entonces, Abogacía del Estado dejaría de ser parte y procedería el sobreseimiento del procedimiento por los hechos objeto de denuncia del Ministerio Fiscal.

Un potencial planteamiento por parte del nuevo Abogado General (institución que asegura no poder sacar una conclusión definitiva de estas diligencias previas) que se produce, además, cuando todos los ingresos fueron revisados por la AEAT durante los dos años que duró la inspección de oficio y cuando existe, incorporado a las actuaciones, un certificado de la mercantil Quirón Prevención en el que señala haber auditado todos los contratos referidos por el PSOE y descartando ser víctima de irregularidad o ilegalidad alguna.

Un hecho que, además, confirma el visto bueno de Martínez-Simancas al pacto alcanzado con González Amador, hace unas semanas, eso sí, bajo el mandato del anterior Abogado General del Estado.