Cinco empresas, OHLA, Dragados, Acciona, Grupo Azvi y Rover, se han llevado las obras de la Ciudad de la Justicia, cuyos trabajos comenzarán en mayo de 2025. El proyecto reunifica todas las sedes judiciales de la capital en un gran complejo en el barrio de Valdebebas.

Por fin. El proyecto ‘maldito’ de los últimos Gobiernos madrileños inicia ya su camino. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso adjudicó provisionalmente la semana pasada la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de lo que será la futura Ciudad de la Justicia, el complejo que unificará en el barrio de Valdebebas todos los órganos judiciales que actualmente están desperdigados por todo Madrid. Cinco empresas se repartirán los dos lotes en los que se han dividido los trabajos. La UTE formada por OHLA, Grupo Azvi y Rover ejecutarán el denominado ‘Lote 1′. La UTE formada por Dragados y Acciona llevarán a cabo el ‘Lote 2′. Empresarios tan importantes como los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio (principales accionistas de OHLA), Florentino Pérez (presidente de ACS, matriz de Dragados) y José Manuel Entrecanales (CEO de Acciona) figuran en el listado de los afortunados.

El pliego beneficiaba, sobre todo, la oferta económica sobre el proyecto creativo. Las obras se dividen en varias fases: la primera comenzará entre mayo y junio de 2025, según previsiones de la Consejería de Presidencia y Justicia, con el inicio de la urbanización del complejo y la edificación de espacios comunes como cafeterías, zonas verdes, áreas de descanso y un gran parking público. En esta primera fase se construirán cuatro edificios que albergarán la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial y 105 juzgados de primera instancia. Es el ‘Lote 1′ que se ha llevado OHLA, Grupo Azvi y Rover por 161.441.093 euros.

La fase segunda comenzará a finales de la legislatura, finales de 2026 y principios de 2027. En ella se levantarán dos edificios que albergarán el resto de la jurisdicción civil: 19 juzgados de lo mercantil, 49 de lo social y 34 de lo contencioso-administrativo. Las fases 3 y 4 se ejecutarán en la siguiente legislatura. En ellas se construirán tres edificios para los órganos penales (54 juzgados de instrucción, 37 penales, 11 de violencia sobre la mujer, siete de menores y seis de vigilancia penitenciaria), además de otros inmuebles para la Fiscalía y el Archivo Judicial Territorial. Es el ‘Lote 2′ que se ha llevado Dragados y Acciones por 378.642.451 euros.

El complejo ocupará 236.475 metros cuadrados en superficie y otros 199.000 metros cuadrados bajo rasante con varios aparcamientos. Sumando impuestos, el proyecto cuenta con un presupuesto de 653 millones de euros durante el periodo 2024-2028 con el objetivo de levantar “el complejo judicial más grande, accesible y sostenible del mundo”. La firma del contrato está prevista para este verano, a mediados de septiembre se presentará el diseño del proyecto y a finales de año se hará la entrega definitiva del proyecto. El inicio de las obras será en el primer semestre de 2025.

El Instituto de Medicina Legal, el único edificio que construyó Aguirre en el proyecto de ‘Campus de la Justicia’ en Valdebebas.

La Ciudad de la Justicia ha pasado por todo tipo de vicisitudes. Primero lo intentó Esperanza Aguirre en 2005. Entonces se llamó ‘Campus de la Justicia’. Pero la crisis se llevó por delante el sueño de la entonces lideresa madrileña y en 2010 se abandonó una idea que se comió por el camino 130 millones de euros y que solo dejó un edificio construido (con forma de donut) que se utiliza hoy como anatómico forense. El proyecto fue tan descabellado y supuso tal despilfarro para lo realmente conseguido que acabó en una comisión de investigación en el Parlamento madrileño y en una instrucción judicial en la Audiencia Nacional que ha conllevado el procesamiento por corrupción de un exconsejero de Aguirre y otras cinco personas.

El sucesor de Aguirre, Ignacio González, intentó retomar el proyecto en 2015, ya bautizado como ‘Ciudad de la Justicia’, adjudicando las obras a una alianza formada por OHL y Acciona. Pero la sucesora a su vez de González, Cristina Cifuentes, lo paralizó todo y tumbó la licitación. Ironías del destino, la ‘Ciudad de la Justicia’ acabó en manos de la Justicia, iniciándose varios años de pleitos hasta que el Tribunal Supremo dio la razón a la Comunidad de Madrid en 2020. Ayuso, ya en el poder, intentó resucitar de nuevo el proyecto mediante un sistema de concesión: las empresas constructoras asumían los costes de las obras y a cambio recibían un canon durante 40 años. Pero no pudo ser. Los dos procesos que se abrieron quedaron desiertos. Ninguna empresa pujó. La Comunidad de Madrid tomó nota y sabe que con el contexto actual (subida de los precios de materiales, de la inflación y de los tipos de interés) la única opción viable para resucitar el proyecto es adjudicar un contrato y asumir el coste de manera directa.

Este proyecto es, sin duda, la joya de la corona en materia de justicia para esta legislatura. Pero no es la única. El Gobierno regional piensa invertir 830 millones en nuevas infraestructuras o en remodelar las que ya existen. En 2023 se inauguraron los nuevos juzgados de Valdemoro y se encuentran muy avanzadas las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe, que entrarán en funcionamiento este año, y los de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025. También se acaba de adjudicar el Palacio de Justicia de Móstoles, el segundo más grande de España tras la Ciudad de la Justicia, que contará con una inversión de más de 31 millones de euros. Atenderá a 300.000 vecinos de este y unificará cinco sedes actuales que albergan 25 juzgados. Su construcción arrancará este año junto con el de Collado Villalba. También se rehabilitarán los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.