El Govern destina un 20% más que Madrid al salario de los consejeros y un 33% a la retribución de la presidencia territorial.

Es una de las banderas que más ha defendido Isabel Díaz Ayuso en este arranque de curso, y prevé que sea una de las grandes huellas de su gestión: la austeridad del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid marca la hoja de ruta de la legislatura y es incluso un argumento sobre el que pivota parte del discurso político de la presidenta. Más si cabe en las últimas semanas, protagonizadas por el pacto entre el PSOE y ERC para la gobernabilidad en Cataluña a cambio de un concierto económico. Un pacto, ha dicho Ayuso, que «rompe la caja común» de la fiscalidad y profundiza en que el resto de España se convierta en la «mano de obra» de Cataluña por las importantes diferencias económicas entre autonomías. Una disparidad que se aprecia desde la misma cúpula del Ejecutivo catalán, que viene gastando el doble en sueldos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Un hecho que se da por la diferencia en el número de consejerías -nueve carteras más la presidencia en el caso madrileño, frente a 16 consejeros más la presidencia en el catalán-, pero también por el sueldo de cada alto cargo. Así lo acreditan los datos extraídos de los portales de transparencia de la Administración madrileña y catalana: cada uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid tiene un sueldo de 101.059,32 euros anuales, mientras que cada conseller catalán se embolsa 121.952,50 euros al año. Una nómina esta última todavía por actualizar, ya que los datos disponibles en el portal de transparencia catalán corresponden al 16 de julio, es decir, antes de que se cerrase la nueva configuración política para presidir la Generalitat, efectiva desde el 10 de agosto.

Así, el salario de los consejeros catalanes es un 20,67% más alto que los del Ejecutivo madrileño. La diferencia se acentúa todavía más al comparar las retribuciones correspondientes a los presidentes de la Generalitat y la Comunidad de Madrid. El salario asignado al president catalán es de 137.506,70 euros según estos mismos datos, un 33,38% por encima de los 103.090,32 euros que cobra la actual presidenta madrileña.

En suma, la asignación de la cúpula del Govern, compuesta por un presidente y 16 consellers, tiene un coste anual en sueldos de 2.088.746,70 euros. Es algo más del doble de lo que gasta la Comunidad de Madrid para la primera línea política que ocupa la presidenta regional y sus nueve consejeros: 1.012.624,20 euros.

La asignación del president catalán es la más alta de un mandatario autonómico. La cifra registrada, que es la que se embolsó anualmente el último jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès -que en sus primeros presupuestos, en 2021, se bajó un 15% el sueldo respecto al de su antecesor, Quim Torra, quien sobrepasaba los 150.000 euros anuales-, está por encima de los 90.010,20 euros anuales que cobra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de los 79.415,16 euros al año que le corresponden a cualquiera de los ministros.

En la nueva andadura de la Generalitat catalana a los mandos de Salvador Illa ha crecido el número de departamentos: son 16, dos más que en la anterior legislatura, los alcanzados en el acuerdo de gobernabilidad con ERC. Una ampliación que casi dobla la composición de la primera línea del Ejecutivo madrileño, que ha venido reduciendo su andamiaje en los últimos tiempos, ya que Ayuso, a pesar de mantener las nueve consejerías de su anterior mandato, en julio de 2023 optó por eliminar varias viceconsejerías. Ambos gobiernos territoriales, además, carecen de vicepresidencias.

Pero el gasto que se destina a las cúpulas de los gobiernos territoriales va más allá de la composición de cada gabinete a lo largo de las legislaturas. Varias autonomías regulan las asignaciones que reciben los presidentes y consejeros una vez abandonan los ejecutivos. Hace menos de un año estalló la polémica en Madrid por la intención del Gobierno de Ayuso de recuperar el estatuto de los ex presidentes, pero el asunto finalmente quedó paralizado.

En Cataluña la ley permite a los ex presidentes recibir una asignación mensual por un periodo equivalente «a la mitad del tiempo que han estado en el cargo» y como mínimo por una legislatura. El salario máximo que pueden recibir es el equivalente al 80% de la retribución del president. A partir de los 65 tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia equivalente al 60% del sueldo del president. También a una oficina con tres empleados y un conductor.