El procedimiento tiene como objetivo investigar posibles negligencias en los protocolos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba ha pedido a la empresa que disfruta de la concesión de una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid que aporte documentación sobre la plantilla, la formación de los trabajadores y el material médico que había en el geriátrico al comienzo de la pandemia del Covid-19. Se están intentando hallar posibles negligencias en este marco por la no derivación de pacientes a hospitales, que también obedecían a los protocolos de la vergüenza aplicados en esta región.

Así consta en un auto judicial, en el que el magistrado pacta una serie de diligencias instadas por el PSOE, entre ellas la citación como testigos de dos médicos. Uno de los citados es el jefe de Geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. La querella que dio origen a esta causa surge de mano de los familiares de una fallecida en una residencia en el inicio de la pandemia y se dirige expresamente contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, acusándoles de la comisión del delito de homicidio imprudente. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó, hace un año, la reapertura de este procedimiento al estimar un recurso interpuesto por la familia contra el archivo de la causa, instando a la práctica de diligencias necesarias para determinar si concurre o no indicios del citado delito.

Los doctores, citados a declarar como testigos

En concreto, en el recurso se acepta la declaración testifical de los dos doctores, para lo que se requiere a la representación procesal de la acción popular. En un plazo de cinco días, deberán aportar nombre y apellidos completos de dichos doctores, domicilio y teléfono de los mismos. A su vez, se ha solicitado a Sanitas Mayores que aporte a la causa el inventario de material sanitario existente en la residencia al momento de los hechos, así como el inventario de medicamentos y respiradores al momento de los hechos en la residencia de autos.

Del mismo modo, reclama el Horario laboral del personal en el momento de los hechos, números de trabajadores, formación y titulación, así como los protocolos de aislamiento de las residentes fallecidas y hojas de control del mismo. El juez reclama, también, datos sobre los ratios que tiene estipulados por normativa y los operativos al momento de los hechos, en relación al número de residentes y personal, así como la acreditación del personal con formación en cuidados paliativos, acreditación de su jornada de trabajo esos meses, y acreditación del suministro médico existente para proporcionar esas medicaciones. Por ahora, ya hay 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.

El objetivo primordial de esta actuación judicial es el de encontrar negligencias en los protocolos y dilucidar si se hubieran podido evitar algunas muertes, ya fuera por la derivación a los hospitales, por una mejor administración del material sanitario o por unos mejores métodos en los centros de origen.