La Comunidad de Madrid ha cedido las viviendas a una inmobiliaria que ha aumentado sus precios hasta el máximo permitido.

El Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a salir a la palestra con una nueva polémica difícil de justificar por parte de la Comunidad de Madrid: el módulo de precios de estas viviendas ha sido incrementado recientemente en un 16%, tras su traspaso, a coste cero, a una inmobiliaria que ha subido sus costes hasta el máximo permitido por la ley. Unos pisos a los que ya era difícil de acceder de por sí por sus elevados requisitos económicos, y a los que ahora costará más todavía hacerlo con este reciente aumento.

Este plan de vivienda surgió bajo el ala de la administración madrileña con el presunto objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las familias de la región, pero ya desde su origen tenía un problema de bulto: los requisitos mínimos para acceder a uno de estos inmuebles son tan elevados que muy pocas personas pueden siquiera plantearse echar la solicitud, por lo que terminan por no solucionar ningún problema. A su vez, otra de las tablas de su nacimiento fue ofrecer viviendas por debajo del precio medio del mercado de alquiler, y esta subida va en contra de dicho propósito. En concreto, poniendo como ejemplo el municipio de San Sebastián de los Reyes, cuyo grupo socialista ha afeado severamente a la Comunidad de Madrid este incremento, que hace que el precio del alquiler de una vivienda de dos dormitorios ascienda hasta los 1.300 euros al mes, exigiendo un ingreso mínimo de 45.000 euros anuales para los posibles arrendatarios. La realidad económica de la práctica totalidad de las clases trabajadoras está muy lejos de que estas cifras sean algo asequible.

Desde el citado municipio, califican este incremento como un “fiasco” de la Comunidad de Madrid, y señalan que no está logrando facilitar el acceso a la vivienda a las familias más modestas y, especialmente, a los jóvenes del municipio. Durante el último pleno municipal, el grupo socialista exigió revertir este aumento de precio y tomar medidas urgentes. En el mismo sentido, los socialistas también afean la cesión a una empresa inmobiliaria que, a pesar de no haber pagado canon ni realizar descuentos, ha optado por aplicar el máximo precio permitido por la regulación para esta clase de inmuebles. “Estos incrementos de precio excluyen a los vecinos más necesitados y dan oportunidad a personas más pudientes”, denuncian. El Gobierno municipal ha sido instado a que exija a la administración regional que impida la aplicación del nuevo módulo de precios, que es, si cabe, aún más discriminatorio que el anterior.

Viviendas ilegales y lejos de ser accesibles

A su vez, la polémica no termina aquí en este municipio. La Plataforma vecinal ‘Dehesa Viva’ denunció el pasado mes de junio que  las 488 viviendas del Plan Vive que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha construido sobre el cauce del Arroyo de la Dehesa no cuentan con la concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que presentan una “ilegalidad manifiesta”.

En declaraciones a ElPlural.com, los ecologistas denunciaron que “esta situación se debe revertir” porque “no se puede continuar con este proyecto urbanístico debido a la ilegalidad del proyecto”, además de defender que en el municipio de San Sebastián de los Reyes hay “numerosos inmuebles y parcelas donde se podría edificar, lejos de la Dehesa Boyal”.

La Plataforma vecinal destaca que la Dehesa Boyal forma parte de la Cuenca Alta del Manzanares, un entorno que goza de una “enorme” biodiversidad: aves protegidas, jabalís.. y que la alteración de su hábitat natural está haciendo que desciendan a las ciudades, causando peligro tanto a los propios animales como a los ciudadanos. La Confederación Hidrográfica del Tajo aseguró que “no es posible” legalizar estas viviendas, y fuentes del propio Ayuntamiento hicieron lo propio.

Así las cosas, además de las dudas sobre la legalidad de estas viviendas, su aumento de precio las hace todavía más prohibitivas de lo que ya eran. Los planes de vivienda asequible tienen que ser concebidos de forma que pongan solución al problema de los precios del alquiler, ofreciendo una alternativa asequible a todas aquellas personas que no pueden hacer frente a los tensionados precios del mercado inmobiliario. Si los requisitos para su acceso son tan elevados, los solicitantes serán personas con un poder adquisitivo más elevado, que probablemente puedan permitirse alquileres a precio de mercado, por lo cual no se soluciona problema alguno y las familias más humildes no pueden acceder a estos programas, que se ven copados por solicitantes más pudientes, mientras el precio del alquiler en el mercado tampoco sufre regulación alguna. Clasismo administrativo.