Ana Millán (PP), investigada por corrupción, es administradora única de Asin 28’s S.L.

Ana Millán, ‘número 3’ de Isabel Díaz Ayuso y vicepresidenta de la Asamblea, habría cometido un presunto fraude a la Seguridad Social relacionado con su empresa de alquiler de pisos. Esta es una de las noticias más leídas esta semana en ElPlural.com.

La vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y ‘número 3’ de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, llevaría 18 años -desde abril 2006, desde que se constituyó su sociedad- sin darse de alta en la Seguridad Social en calidad de autónoma societaria debido a que, a través de su empresa Asin 28’s S. L. -de la que tiene el 100% de la propiedad y es administradora única- compró un inmueble, que ahora mantiene en calidad de arrendamiento, en la localidad madrileña de Alcobendas.

Según figura en la consultora Axesor a la que ha accedido ElPlural.com, la sociedad de Millán, aún activa, tiene como objeto social “el asesoramiento e intermediación por cuenta propia de terceros en todo tipo de transacciones inmobiliarias”. Sobre ella se deduce la titularidad de dos inmuebles: uno, situado en la Plaza Mayor de Arroyomolinos del que es 100% propietaria; el segundo, en el Paseo de la Chopera de Alcobendas, del que a su vez es completamente propietaria.

Es en esta última vivienda sobre la que reside su actividad como arrendadora. El inmueble fue adquirido por su pareja, Juan Pedro Santos Ceballos y, dos meses más tarde de la compra, se hipotecó. Este piso siempre habría estado en régimen de alquiler desde 2008 hasta 2017 -periodo en el que fue ingresado el dinero en las cuentas de la exalcaldesa de Arroyomolinos- y la ‘número 3’ de Ayuso habría recibido ingresos bancarios por su arrendamiento; pagos que se realizaban por transferencia bancaria o ingresos en efectivo en caja a través de distintos inquilinos.

El último contrato de alquiler que se realizó sobre este inmueble fue en 2021, firmado por el abogado de Millán, en el que constan sus datos de contacto, lo que viene a traducirse como que la exedil estaba asesorada en estas tramitaciones.

El quid de la cuestión radica en que Ana Millán no está dada de alta como autónoma societaria, pese a que es una exigencia legal, y a que es la administradora única de la empresa; motivo por el cual este hecho constituye un fraude a la Seguridad Social desde la constitución de Asin 28’s S.L.. Aunque ello no es delictivo ni compatible con sus cargos en la Administración pública, sí resulta, cuanto menos, de dudosa ética.

Debido a esta consecución de hechos fraudulentos, a Millán podrían reclamarle los cargos de autónoma de los últimos cuatro años, más el 30% de recargo, lo que oscilaría en unos 60.000 euros de fraude a la Seguridad Social. Este argumento se sostiene en que la vicepresidenta de la Asamblea madrileña, en su vida laboral, no consta que haya cotizado o que cotice actualmente en régimen de autónoma societaria, sólo por régimen general.

En cuanto a Asin 28’s S.L., se trata de una sociedad que no tiene empleados -pese a que es un requisito que figura en el artículo 5 de la Ley de Impuesto de Sociedades– ni tampoco una actividad distinta al arrendamiento del inmueble de Alcobendas.

“Doble fraude” prolongado en el tiempo

Fuentes jurídicas consultadas por ElPlural.com explican en detalle a este periódico por qué el modus operandi de una de las personas de máxima confianza de la lideresa regional obedece a un “fraude”.

Las voces que retratan las operaciones de Ana Millán se centran, en primer lugar, en lo relativo a la cotización de la dirigente. “Cualquiera que sea administrador de una sociedad mercantil en nuestro país tiene que cotizar a la Seguridad Social. Si no cuenta con una participación mayoritaria de la empresa cotiza por el régimen general, y si disfruta de una participación mayoritaria -más del 25% directa o indirectamente- debe cotizar por el régimen de autónomos (societarios)”, exponen.

Precisamente esto es lo que, según ha tenido constancia este periódico, no hace la ‘número 3’ de Ayuso, quien ha estado dada de alta cotizando por la Administración pública -bien el Ayuntamiento de Arroyomolinos o por la Comunidad de Madrid-, lo cual implica un “fraude a la Seguridad Social”, que “si bien no es delictivo”, sí cuanto menos indignante. “Hay gente que lo hace y no le pillan, pero si te pillan, la Seguridad Social te reclama todas las cuotas de autónomo que no has pagado en el tiempo pertinente”, señalan fuentes legales.

En lo que respecta a Ana Millán, ese tiempo asciende a cerca de dos décadas. Asimismo, no pagar el régimen de autónomo societario no supone ningún cambio en la pensión, pero sí que permite un ahorro que, en un mes puede no suponer demasiado para el bolsillo de según qué contribuyente, pero que año tras año implica un “fraude monumental”.

Las fuentes jurídicas con las que ha hablado este medio de comunicación también insisten en la idea de que Asins 28’s S.L. obedece a una compañía “patrimonial” al no disponer de sede social distinta, ni empleados, ni infraestructuras. Explicado de forma sencilla, la firma no tiene estructura empresarial.

“El criterio de Hacienda en estas ocasiones es que no puedes tributar las ganancias de la renta por el impuesto de sociedades -el 25%-, sino que debes hacerlo por la tarifa de la renta, que puede ascender hasta un 50% en función del resto de los ingresos de los que dispongas”, cuentan para la correcta exposición de este artículo.

Lejos de ser algo extraño, se trata de una forma de proceder “muy habitual”, mediante la cual se pone algo a nombre de una sociedad y lo declara dicha sociedad. Con esta jugada “se paga un porcentaje, pero cada año se ahorra otro”.

Con todos los ingredientes encima de la mesa, las voces legales consultadas por este medio tienen claro que la forma de actuar de la que fuera alcaldesa de Arroyomolinos se enmarca en un “fraude doble”: uno a la seguridad social, al no estar dada de alto como debiera, y otro a la Agencia Tributaria al incumplir con los requisitos para tributar por el impuesto de sociedades.

Ana Millán, investigada por corrupción

Con este telón de fondo, la investigación que se cierne sobre la figura política de la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid se ensancha. Cabe recordar que el ascenso de Millán dentro del ‘núcleo duro’ del PP de Isabel Díaz Ayuso fue un proceso constituido bajo su imputación desde 2022.

La magistrada titular del Juzgado Número 6 de Navalcarnero inhibió el caso a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y, en dicho auto, se desprende que los investigados, entre los que se encuentra Millán, “pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración pública”.

La que fuera alcaldesa de Arroyomolinos estuvo imputada por primera vez en el caso Púnica, -aunque figura en una pieza derivada de la operación-, aunque los delitos de este ya prescribieron. Para ser más exactos, a Millán se le atribuyó la concesión de más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos del municipio madrileño, cuyo beneficiario fue el empresario José Luis Huerta Valbuena, dueño de Waiter Music.

Versión del PP

ElPlural.com se ha puesto el contaco con el Partido Popular de Madrid por si quisiera dar su versión de estos hechos. El partido ha respondido al periódico reconociendo que la compañía obedece a una “sociedad patrimonial” de la que Ana Millán es “administradora única” y que “solo tiene un inmueble que se encuentra alquilado”.

Al ser una compañía de este tipo, desde la formación defienden que “no tiene que estar dada de alta en autónomos”. “Ella declara de forma anual el impuesto de sociedades, por lo tanto no hay nada raro“, aseguran.

Tras el momento de publicación de estas líneas, el PP ha contactado con este medio para insistir en su versión. A continuación, la respuesta textual que la formación ha dado a ElPlural.com.

“El artículo no solo no recoge lo que indicamos y recoge la ley del Impuesto de sociedades y de IRPF y se ratifica en el Supremo, si no que además se lindica o contrario. De inicio a fin hay información que no es verídica, hasta empezando por la fecha (2005). Ana Millán no ha estado imputada en la Púnica nunca, además de otras muchas inexactitudes. Respetamos la libertad de todo medio a publicar lo que estime, pero no vamos a contribuir a justificar un trabajo que dista mucho del rigor periodístico”.